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Dictamen nº 167/2012
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2012, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación, Formación y Empleo (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 23 de septiembre de 2011, sobre responsabilidad patrimonial instada por x, en nombre y representación de su hijo, debida a accidente escolar (expte. 219/11), aprobando el siguiente Dictamen.
PRIMERO.- Mediante oficio de 28 de febrero de 2011, la Directora del CEIP "Ciudad de la Paz", de la localidad de El Palmar, Murcia, remitió a la Consejería consultante un escrito de x, de reclamación de daños y perjuicios dirigida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los daños sufridos por su hijo, x, en dicho centro docente. En la citada reclamación se alega lo siguiente: "Con fecha de 17 de febrero de 2011 y con ocasión de actividades en el Centro CEIP "Ciudad de la Paz" de El Palmar, mi hijo sufrió un accidente. x estaba en el recreo en el patio jugando al mate con otros compañeros. x llevaba la pelota y otro niño al intentar quitárselo le dio un manotazo que hizo que se le cayeran las gafas al suelo y se le rompió la montura". Solicita una indemnización de 77 euros por este concepto.
Adjunto a dicho escrito se acompañan dos facturas de 22 de febrero de 2011 de una óptica, por importe total de 77 euros, así como copia del Libro de Familia acreditativo de la filiación del alumno.
SEGUNDO.- Obra en el expediente informe de accidente escolar de 17 de febrero de 2011 de la Directora del centro, en el que expresa que ese día, entre las 11.30 y las 12, en el patio del colegio y durante la actividad de recreo, el alumno en cuestión estaba "jugando al mate con otros compañeros, llevaba la pelota y otro niño, al intentar quitársela, le dió un manotazo que hizo que se le cayeran las gafas al suelo, rompiéndose la montura de las mismas."
TERCERO.- Con fecha de 6 de abril de 2011, el Secretario General de la Consejería de Educación, Formación y Empleo dicta resolución admitiendo a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y designando instructora del procedimiento, siendo notificada a la reclamante.
CUARTO.- A instancia del Órgano instructor, con fecha 7 de abril de 2011 se solicita informe a la Directora del Centro sobre todas aquellas circunstancias que concurrieron en los hechos, siendo emitido el 6 de mayo siguiente, en el que expresa lo siguiente:
"Actividad: Recreo en el patio del colegio, el alumno x estaba realizando una actividad libre, jugando al mate, con otros compañeros de 5o curso, localizada en una zona concreta del patio.
Horario.- Recreo que abarca de 11,30 a 12,00 dentro del horario escolar. Concretamente el incidente ocurrió sobre las 11,40 horas.
Personas presentes: Los maestros que vigilaban el patio del recreo. Éstos avisaron a la tutora para informarle de lo sucedido.
Relato pormenorizado de los hechos: El día 17 de febrero de 2011 en el CEIP "Ciudad de la Paz" de El Palmar, Murcia, x, alumno de 5o de primaria, estaba en el patio del colegio, era el momento del recreo, que abarca de 11,30 a 12,30 horas, se encontraba jugando al mate con otros compañeros de 5a curso. Él llevaba la pelota en ese momento y otro niño, al intentar quitársela, le dio un manotazo que hizo que se le cayeran las gafas y se le rompieran.
El incidente fue fortuito, el compañero no tenía intención de causarle daño ni de romperle las gafas, estaban jugando.
El motivo por el que se solicita la ayuda económica es por el elevado coste de las gafas y que el niño necesitaba usarlas permanentemente.
El relato de los hechos lo hago constar basándome en la información recabada de la tutora del alumno."
QUINTO.- Mediante oficio de 11 de mayo de 2011 se acordó el preceptivo trámite de audiencia y vista del expediente a los interesados, no constando la comparecencia ni la formulación de alegaciones por la reclamante.
SEXTO.- El 19 de septiembre de 2011 se formula propuesta de resolución, desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por no existir la necesaria y adecuada relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos educativos regionales y los daños por los que se reclama indemnización.
SÉPTIMO.- En la fecha y por el órgano señalados en el encabezamiento del presente, se solicita el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
SEGUNDA.- Legitimación, plazo de la reclamación y procedimiento.
I. La reclamante, al sufrir los perjuicios económicos (gastos devengados por la reparación de las gafas de su hijo) imputados a la actuación administrativa, está legitimada para ejercitar la acción de reclamación.
La legitimación pasiva de la Administración regional deriva del hecho de dirigirse contra la misma la presente reclamación y ser de titularidad pública regional el servicio o actividad educativa con ocasión de la cual se produce el accidente.
II. La acción indemnizatoria ha sido ejercitada dentro del plazo de un año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
III. La tramitación realizada se ajusta, en lo sustancial, a lo establecido en la LPAC y su reglamentación de desarrollo.
TERCERA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos regionales y los daños por los que se reclama. Inexistencia.
I. Según el artículo 139 LPAC, cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ocasiona un daño a los particulares, éstos tienen el derecho a que aquélla les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. Ahora bien, el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares al presente, ha de destacar que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter marcadamente objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999).
En lo que respecta a la posible incardinación del hecho lesivo en el marco de la actividad administrativa, también ha tenido ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado en relación con daños producidos con ocasión de tropiezos o caídas en centros escolares, considerando que, en estos supuestos, cuando los hechos se producen fortuitamente, sin que concurran elementos adicionales generadores de riesgo, como un defecto en las instalaciones o la realización de actividades programadas y ordenadas que, por su propia naturaleza, exijan una mayor vigilancia por parte de los profesores, no existe la conexión con el servicio público educativo que es necesaria para reconocer la pretendida indemnización (entre otros, Dictamen 2099/2000). Doctrina también compartida por este Consejo Jurídico en numerosos Dictámenes similares al presente (entre otros, los números 8/2003 y 25/2004).
En definitiva, para que resulte viable la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es preciso que concurra el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño irrogado al particular y, en el supuesto que nos ocupa, si bien es cierto que el daño existe, se acredita y, además, se produce con ocasión de la prestación del servicio público educativo, no lo fue como consecuencia de su funcionamiento y, por tanto, la falta de antijuridicidad y la inexistencia del adecuado nexo causal entre el daño y el funcionamiento del centro educativo impiden que los hechos aquí examinados desencadenen la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa. Así, el daño en cuestión se produjo de forma accidental, con ocasión de juegos propios de escolares de su edad, durante el período de recreo, estando presentes, para la vigilancia de los alumnos, varios profesores, según consta en el informe del centro, y sin que conste que concurrieran circunstancias de especial peligrosidad que permitieran imputar el daño, de forma jurídicamente adecuada, a la Administración educativa. Nos encontramos, pues, ante una situación que, por incontrolable, resulta inevitable, constituyendo un riesgo inherente al esparcimiento de los alumnos en el período de recreo, sin que el deber de vigilancia pueda extenderse a todos y cada uno de los movimientos de cada alumno y durante todo el tiempo de permanencia en el centro.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente
ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial objeto de Dictamen, por no ser el daño imputable a la Administración regional, ni existir relación de causalidad entre el mismo y el funcionamiento de sus servicios públicos.
No obstante, V.E. resolverá.
