Dictamen nº 55/2024

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2024, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 3 de julio de 2023 (COMINTER núm. 171367), sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, en representación de su hijo Y, por daños debidos a accidente escolar (exp. 2023_256), aprobando el siguiente Dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 9 de febrero de 2023, Dª. X presenta reclamación de responsabilidad patrimonial, ante la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, por los daños sufridos por su hijo menor de edad, Y, el día 20 de enero de 2023, en el CEIP “El Molinico” de la Alberca (Murcia).

En el escrito de reclamación señala que: “Durante el recreo, Y y una compañera chocan mientras corrían. El choque fue frontal entre los dos y Y sufre una lesión con herida abierta en la ceja derecha y una rotura de un diente definitivo. Resultado del accidente también se le rompe la gafa que necesita a diario. Del diente se hace cargo el ´programa de salud bucodental infantil´ hasta los diez años”; por lo que solicita que “se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa y se me indemnice en la cantidad de 217,01 euros”. Acompañan a dicho escrito los siguientes documentos:

-Fotocopia del Libro de Familia, que acredita que el menor Y es hijo de la reclamante, Dª. X.

-Informe clínico de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de fecha 20 de enero de 2023.

-Informe de una clínica dental de Murcia, de fecha 24 de enero de 2023, que pone de manifiesto una “fractura del borde incisal de pieza 31 por traumatismo”.

-Autorización de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, de fecha 26 de enero de 2023, para la realización de un tratamiento especial dentro del Programa de Salud Bucodental Infantil.

-Una factura de una óptica de Murcia, de fecha 26 de enero de 2023, a nombre de Dª. X, en concepto de “gafa” y “lentes graduadas”, por un importe total de 217,01 euros (IVA incluido), con la referencia “pagado”.

-Un informe de la Directora del CEIP, de fecha 1 de febrero de 2023, en el que se afirma que: “Durante el recreo el alumno iba corriendo por el patio y choca con otra compañera que también corría. Ambos estaban jugando de manera independiente, siendo el choque totalmente accidental. El impacto fue muy fuerte porque corrían a gran velocidad y al impactar con sus caras se produjeron las lesiones descritas anteriormente”.

SEGUNDO.- Con fecha 17 de febrero de 2023, la Secretaria General de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, por delegación del Consejero, dicta Orden por la que se admite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y se designa instructora del expediente. Dicha Orden de inicio del procedimiento se notifica a la reclamante con fecha 28 de febrero de 2023, con indicación del plazo máximo para resolver y el sentido del silencio administrativo.

TERCERO.- Con fecha 27 de febrero de 2023, la Instructora del expediente solicita a la Dirección del CEIP informe sobre las concretas circunstancias del accidente que señala expresamente (“1.-Relato pormenorizado de los hechos; 2.-Testimonio de los profesores encargados de la vigilancia del recreo presentes cuando ocurrieron los hechos; 3.-Estado de las instalaciones. ¿Existe alguna deficiencia de mantenimiento que pudiera haber contribuido a provocar el accidente?; 4.-¿Pudo ocurrir algún descuido, deficiencia o carencia en la supervisión y vigilancia normales por parte del personal presente en el momento del accidente?; 5.-¿Se puede calificar el incidente de fortuito?; 6.-Cualquier otra circunstancia que estime procedente”). Y con fecha 14 de marzo de 2023, en contestación a dicha solicitud, la  

“-Que durante el recreo el alumno Y de 3° de primaria y otra niña de 2° de primaria, estaban corriendo a gran velocidad por el patio, mientras jugaban de forma independiente, y chocaron golpeándose ambos las cabezas.

Consecuencia de este golpe el alumno se produjo un corte profundo en la ceja izquierda, la fractura de una pieza dental, así como la rotura de las gafas que llevaba puestas y la alumna un corte profundo en la frente.

-Que los profesores que vigilaban esa zona vieron los hechos acaecidos, tal y como se han descrito, pero no pudieron hacer nada para evitarlo, por la rapidez con que se produjo todo. Por lo que consideramos el accidente totalmente fortuito.

-Que no hay deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones o pavimento que hubieran podido provocar dicho accidente”.

CUARTO.- Con fecha 23 de marzo de 2023, la Instructora del expediente comunica a la reclamante la apertura del trámite de audiencia para que pueda “tomar vista del expediente, formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes”. Y con fecha 30 de marzo de 2023, en dicho trámite, la reclamante aporta “informe del dentista y de la Consejería de Salud” (vuelve a aportar el referido informe de una clínica dental y la referida autorización de la Dirección General de Asistencia Sanitaria), y alega que “no fue un golpe en la gafa; fue un accidente con consecuencias de rotura de diente, brecha en la ceja y rotura de gafas”.

QUINTO.- Con fecha 30 de junio de 2023, la Instructora del expediente formula propuesta de resolución en la que plantea “que se dicte Orden del Consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo desestimando la solicitud de reclamación por daños y perjuicios presentada por Dª. X, en nombre y representación de su hijo menor de edad Y, por no existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público educativo en el CEIP ´El Molinico´ y el daño sufrido por el niño”.

SEXTO.- Con fecha 3 de julio de 2023, se recaba el Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente administrativo de los preceptivos índice de documentos y extracto de secretaría.

A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, ya que versa sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el artículo 81.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

SEGUNDA.- Legitimación, plazo de ejercicio de la acción y procedimiento seguido.

I.-Dª. X ostenta legitimación activa para reclamar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tanto por ser la persona que debe proveer el abono de los gastos sufridos (artículo 154 del Código Civil), como por ser la representante legal del menor que sufrió el accidente (artículo 162 del Código Civil).

La legitimación pasiva corresponde a la Administración regional, que es la titular del servicio público educativo a cuyo funcionamiento se imputa el daño.

II.-La acción resarcitoria ha de considerarse temporánea, dado que se ejercitó antes del transcurso del año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 67.1 de la LPACAP. El hecho lesivo se produjo el 20 de enero de 2023, y la reclamación se presentó el siguiente día 9 de febrero, dictándose la Orden por la que se admite a trámite la reclamación con fecha 17 de febrero de 2023; por lo tanto, es evidente que el derecho a reclamar se ha ejercitado dentro de plazo.

III.-El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales que integran esta clase de procedimientos.

TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial. Nexo causal y antijuridicidad del daño: inexistencia. 

I.-La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa tiene su fundamento primario en el artículo 106.2 de la Constitución, que dispone que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

A partir del precepto constitucional, los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial vienen establecidos en los artículos 32 y siguientes de la LRJSP y en la abundante jurisprudencia recaída en la materia. En síntesis, para que proceda estimar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública deben concurrir los siguientes requisitos:

- Que el daño o perjuicio sea real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran interrumpir el nexo causal.

- Que no concurra causa de fuerza mayor.

- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

Este Consejo Jurídico, al igual que en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares, ha de destacar que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido se pronuncian las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998, recurso 1662/1994, y de 13 de septiembre de 2002, recurso 3192/2001; así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 10 de novie mbre de 2006, recurso 668/2004, y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia núm. 718/2004, de 28 de noviembre.    

En lo que respecta a la posible incardinación del hecho lesivo en el marco de la actividad administrativa, también ha tenido ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado en relación con daños producidos de manera accidental o fortuita, considerando que el hecho de que la responsabilidad patrimonial sea objetiva no implica que la Administración deba indemnizar los daños derivados de todos y cada uno de los accidentes que se produzcan en los centros públicos educativos, sino únicamente aquellos en los que concurran los requisitos legalmente establecidos. En este sentido se pronuncian los Dictámenes del Consejo de Estado núms. 999/2004, 2489/2004 y 2212/2008.

La Doctrina de este Consejo Jurídico reiteradamente ha propugnado la ausencia de relación de causalidad cuando los hechos se producen fortuitamente, dentro del riesgo que suponen las actividades lúdicas de los escolares durante el tiempo de recreo, y no por falta de la vigilancia exigida al profesorado. En este sentido se pronuncian los Dictámenes 260/2017, 120/2021 y 266/2021. 

Como señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de septiembre de 2002, recaída en el recurso 246/2001, “tratándose de perjuicios derivados de sucesos ocurridos en centros escolares, ya ha señalado esta Sección (sentencias de 16 de marzo de 2000 y 8 de marzo de 2001, entre otras), que no todo hecho y consecuencias producidos en un Centro docente pueden imputarse al funcionamiento del servicio, sino que es necesario que sean atribuibles como propios o inherentes a alguno de los factores que lo componen: función o actividad docente, instalaciones o elementos materiales y vigilancia o custodia, y no a otros factores concurrentes ajenos al servicio y propios del afectado”.

II.-En el presente caso, según se desprende de la documentación aportada al procedimiento, el accidente se produjo “durante el recreo”, cuando “el alumno iba corriendo por el patio y choca con otra compañera que también corría”, y “al impactar con sus caras se produjeron las lesiones descritas anteriormente”. Aunque el encontronazo produjo distintas consecuencias (“rotura de diente, brecha en la ceja y rotura de gafas”), se reclama únicamente por el importe de sustitución de las gafas de rotas.

Se deduce del expediente, sin alegación ni prueba en contrario, que el hecho dañoso se produjo de manera totalmente fortuita. En este sentido, la directora del CEIP afirma que “ambos estaban jugando de manera independiente, siendo el choque totalmente accidental”, y que “consideramos el accidente totalmente fortuito”.

Por otra parte, nada indica que la actividad realizada por los alumnos fuera inadecuada para su edad, ni que concurrieran circunstancias generadoras de un riesgo adicional que pudieran haber confluido de algún modo en la producción del daño, y que hubieran exigido un especial deber de cuidado por parte del profesorado. El informe de la Directora del CEIP, sin alegación ni prueba en contrario, afirma que “no hay deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones o pavimento que hubieran podido provocar dicho accidente”.

Y nada indica que el profesorado no hiciera su labor de custodia con la diligencia debida. A la vista del expediente debe considerarse que el accidente resultó imposible de evitar; al respecto, el reiterado informe de la Directora del CEIP afirma que “los profesores que vigilaban esa zona vieron los hechos acaecidos, tal y como se han descrito, pero no pudieron hacer nada para evitarlo, por la rapidez con que se produjo todo”. Teniendo en cuenta que, como ha puesto de manifiesto reiteradamente este Consejo Jurídico, el deber de vigilancia del profesorado no puede extenderse a todos y cada uno de los movimientos de cada alumno y durante todo el tiempo de permanencia en el centro educativo (entre otros, en los Dictámenes núms. 93/2021, 126/2021 y 60/2022).

Y respecto al hecho de que los daños se producen porque el alumno “choca con otra compañera”, como pone de manifiesto el reiterado informe de la Directora del CEIP, debe tenerse en cuenta que, incluso en supuestos en que los daños se producen como consecuencia de actuaciones de otros alumnos, en un contexto de actividades lúdicas o libres, en las que el ánimo de los niños no es dañar ni agredir, y en el que los daños son una consecuencia involuntaria y fortuita, es doctrina asentada tanto por el Consejo de Estado como por este Consejo Jurídico que no existe el necesario nexo causal entre los daños y el funcionamiento de los servicios públicos docentes (entre otros, los Dictámenes núms. 169/2012, 28/2019 y 295/2021).

En definitiva, a la vista del expediente, no puede considerarse que el accidente haya sido consecuencia de alguno de los factores que componen el servicio público educativo: no ha sido consecuencia del ejercicio de la función o actividad docente, no ha sido consecuencia de defectos en las instalaciones o elementos materiales del centro, y tampoco ha sido consecuencia de un incumplimiento del deber de vigilancia y custodia. Y, como señala el Dictamen del Consejo de Estado núm. 1826/2002, “...la alumna tenía necesidad de llevar habitualmente gafas graduadas, por lo que la posibilidad de caída de las mismas es un riesgo consustancial a su propia condición física que, por el hecho de materializarse en un centro público educativo, no tiene que ser asumido por la Administración educativa”.

Por lo tanto, ha quedado acreditado en el expediente que con ocasión de la prestación del servicio público educativo se ha producido un daño, pero no ha quedado acreditado que el daño producido guarde relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, ni que resulte imputable a la actuación de la Administración educativa. De hecho, la reclamante no efectúa una imputación expresa del daño a una determinada acción u omisión del servicio público docente, por lo que cabe deducir que su reclamación se basa tan solo en el hecho de que el accidente se produjo en un centro de titularidad pública. En consecuencia, la inexistencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio público educativo, así como la falta de antijuridicidad, impiden que pueda considerarse la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.

En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN

ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, por no haberse acreditado la existencia de una relación de causalidad adecuada entre la prestación del servicio público educativo y el daño sufrido por el alumno, cuya antijuridicidad tampoco ha sido demostrada.

No obstante, V.E. resolverá.