Dictamen nº 133/2023

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2023, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Educación (por delegación de la Excma. Sra. Consejera), mediante oficio registrado el día 9 de noviembre de 2022 (COMINTER número 305656), sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, en representación de su hija Y, por daños debidos a accidente escolar (exp. 2022_337), aprobando el siguiente Dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 27 de enero de 2022, Dª. X presenta, frente a la Consejería de Educación y Cultura (actualmente Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo), reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por su hija menor de edad Y, el día 10 de noviembre de 2021, en el IES “Federico Balart” de Pliego.

En su escrito de reclamación señala que su hija, alumna de 3º de la ESO, “sufrió un accidente en clase de Educación Física, perdiendo en el acto dos piezas dentales, lo que le ha ocasionado unos gastos médicos”, por lo que solicita “que me sean abonados los gastos médicos (endodoncia y reconstrucción) de las dos piezas dentales, cuya factura ha ascendido a 550€”. Acompañan a dicho escrito de reclamación:

- Una fotocopia del Libro de Familia, que acredita que la menor Y es hija de Dª. X.

- Un informe médico del Servicio Murciano de Salud, suscrito por el médico de familia del Consultorio de Pliego, de fecha 10 de noviembre de 2021, que señala que Y es atendida en dicho Consultorio “debido a traumatismo en zona mandibular superior con rotura de 2 dientes, y toque en nariz con inflamación”.

- Una factura de una clínica dental de Alcantarilla, de fecha 30 de diciembre de 2021, a nombre de Y, en concepto de una “endodoncia” y dos “obturación composite compleja”, por un importe total de 550 euros.

- Un informe de la Directora del IES, de fecha 20 de enero de 2022, que señala que el día 10 de noviembre de 2021, en el pabellón deportivo del IES, en la clase de Educación Física, “en la cual se desarrollaron actividades relacionadas con el bádminton, la alumna Y se inclinó hacia delante para recoger un volante”, y “a la misma vez, la alumna Z se dispuso a recoger el mismo volante con su raqueta, subiéndola rápidamente e impactando accidentalmente en la boca de Y”, como consecuencia “el golpe le causó la caída de varios dientes de la parte frontal de la dentadura, así como una pequeña herida en el labio superior”.

SEGUNDO.- Con fecha 28 de enero de 2022, la Secretaria General de la entonces Consejería de Educación y Cultura, por delegación de la Consejera, dicta Orden por la que se admite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y se designa instructora del procedimiento.

Dicha Orden se intenta notificar mediante correo certificado en el domicilio señalado en el escrito de reclamación, resultando “desconocido” en el intento practicado el día 9 de febrero de 2022. Posteriormente, según señala la propuesta de resolución, “por error, se mecaniza en el expediente la notificación en BOE de otro expediente de reclamación de responsabilidad, por lo que, detectado el mismo una vez intentada la notificación del trámite de audiencia, tal y como se expondrá más adelante, ante la imposibilidad de practicar la misma en el domicilio indicado a tal fin, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015,..., se notifican conjuntamente orden de inicio y trámite de audiencia mediante publicación en el BOE de fecha 28.09.2022”.

TERCERO.- Con fecha 10 de febrero de 2022, la instructora del procedimiento solicita informe complementario a la Directora del IES, solicitando que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones: “1. Relato pormenorizado de los hechos”; “2. Si el incidente podría ser calificado de fortuito”; “3. Si la actividad se estaba desarrollando durante la clase de educación física con la normalidad propia de la misma y de acuerdo con la práctica habitual en este tipo de actividad”; “4. ¿Presenció algún profesor el incidente? En su caso, testimonio del mismo”; “5. Cualquier otra consideración que estime procedente a los efectos de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración por los hechos ocurridos”.

Con fecha 18 de febrero de 2022, la Directora del IES, en contestación a dicha solicitud, emite informe en el que señala:

“El miércoles 10 de noviembre, la clase de 3° ESO A del IES Federico Balart de Pliego se encontraba en el pabellón C de dicho centro, dando Educación Física. Durante la sesión, perteneciente a la segunda unidad didáctica del curso, se desarrollaron contenidos relacionados con las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición, siendo el bádminton el deporte escogido por el departamento de Educación Física para desarrollar los mismos.

La sesión, primera del día, transcurrió con total normalidad. Se realizaron diversos juegos y ejercicios relacionados con los contenidos a impartir. La última actividad de la sesión consistía en realizar partidos de dobles para poner en práctica todos los conceptos aprendidos. Se jugaron varios partidos con total normalidad. En el último de ellos, formaron pareja compañera las alumnas Z y Y. En un momento dado, alrededor de las 9:20 horas de la mañana, el volante cayó al suelo en el campo de las alumnas anteriormente citadas. Y fue hacia el volante para cogerlo, inclinando el tronco hacia delante. A la misma vez, Z fue a recoger también el volante, usando para ello la raqueta, sin percatarse de que su compañera estaba inclinándose hacia delante en ese preciso instante. Al levantar la raqueta rápidamente, Z impactó con ella de forma completamente fortuita en la boca de Y. El impacto causó la caída de varios dientes de la parte frontal de la dentadura de Y, así como una pequeña herida en el labio superior.

Inmediatamente fue atendida en el pabellón por P, profesor de Educación Física que estaba impartiendo la sesión. A continuación se llamó por teléfono a sus padres para informarles del incidente. Y fue recogida por su padre en el centro minutos después y la llevó al centro de salud para que fuera atendida de forma correcta y necesaria.

El incidente fue presenciado por el profesor P, cuyo testimonio coincide completamente con lo redactado en este documento, que lo califica de fortuito”.

CUARTO.- Con fecha 8 de marzo de 2022, la instructora del expediente suscribe oficio por el que se acuerda la apertura del trámite de audiencia, para que la reclamante pueda “tomar vista del expediente, formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes”.

La concesión del trámite de audiencia se intentó notificar mediante correo certificado en la dirección señalada por la interesada en su escrito de reclamación, resultando ausente en los dos intentos practicados los días 17 y 22 de marzo de 2022, por lo que finalmente la notificación se practicó mediante anuncio publicado en el BOE de 28 de septiembre de 2022. (conjuntamente con la orden de inicio del procedimiento). No consta que la reclamante haya hecho uso de su derecho al trámite de audiencia.

QUINTO.- Con fecha 3 de noviembre de 2022 la instructora formula propuesta de resolución en la que plantea “que se dicte Orden de la Consejera de Educación y Cultura desestimando la reclamación por daños y perjuicios presentada por Dª. X, en nombre y representación de su hija Y”, considerando que “la falta de antijuridicidad y la inexistencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento del centro educativo impiden que los hechos aquí examinados desencadenen la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa”.

SEXTO.- Con fecha 9 de noviembre de 2022 se recaba el Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente administrativo y los preceptivos índice de documentos y extracto de secretaría.

A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo ya que versa sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el artículo 81.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

SEGUNDA.- Legitimación, plazo para el ejercicio de la acción y procedimiento seguido.

I.-Dª. X ostenta legitimación activa para reclamar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tanto por ser la persona que debe proveer el abono de los gastos sufridos (artículo 154 del Código Civil), como por ser la representante legal de la menor que sufrió el accidente (artículo 162 del Código Civil).

La legitimación pasiva corresponde a la Administración regional, que es la titular del servicio público educativo a cuyo funcionamiento se imputa el daño.

II.-La acción resarcitoria ha de considerarse temporánea dado que se ejercitó antes del transcurso del año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 67.1 de la LPACAP; el hecho lesivo se produjo el día 10 de noviembre de 2021 y la reclamación fue comunicada a la Consejería el día 27 de enero de 2022, dictándose la Orden de inicio del procedimiento el día 28 de enero de 2022.

III.-El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales que integran esta clase de procedimientos.

TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial. Nexo causal y antijuridicidad del daño: inexistencia. 

I.-La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa tiene su fundamento primario en el artículo 106.2 de la Constitución, que dispone que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

A partir del precepto constitucional, los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial vienen establecidos en los artículos 32 y siguientes de la LRJSP y en la abundante jurisprudencia recaída en la materia. En síntesis, para que proceda estimar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública deben concurrir los siguientes requisitos:

-Que el daño o perjuicio sea real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

-Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran interrumpir el nexo causal.

 -Que no concurra causa de fuerza mayor.

 -Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

Este Consejo Jurídico, al igual que en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares, ha de destacar que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido se pronuncian las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998, recurso 1662/1994, y de 13 de septiembre de 2002, recurso 3192/2001; así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 10 de novie mbre de 2006, recurso 668/2004, y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia núm. 718/2004, de 28 de noviembre.    

En lo que respecta a la posible incardinación del hecho lesivo en el marco de la actividad administrativa, también ha tenido ocasión de pronunciarse el Consejo de Estado en relación con daños producidos de manera accidental o fortuita, considerando que el hecho de que la responsabilidad patrimonial sea objetiva no implica que la Administración deba indemnizar los daños derivados de todos y cada uno de los accidentes que se produzcan en los centros públicos educativos, sino únicamente aquellos en los que concurran los requisitos legalmente establecidos. En este sentido se pronuncian los Dictámenes del Consejo de Estado núms. 999/2004, 2489/2004 y 2212/2008; en este último Dictamen el Alto Órgano consultivo señala expresamente:

“Como ha declarado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes anteriores, <no toda lesión que se produzca durante el desarrollo de una actividad programada comporta necesaria y automáticamente la declaración de responsabilidad de la Administración titular del Colegio en el que se desarrolle dicha actividad> (dictamen 2.671/2000). En un caso análogo (dictamen 1.501/2003), el Consejo de Estado dictaminó que <el daño aducido no guarda relación con el funcionamiento del servicio público educativo, ya que el accidente, aunque tuvo lugar en clase de Educación Física, no se produjo durante la realización de un concreto ejercicio gimnástico que comportase un riesgo significativo para los escolares -supuesto en el que existe un especial deber de cuidado-, sino cuando el alumno estaba corriendo y tropezó, cayendo de su propio pie, suceso que debe encuadrarse dentro de los riesgos normales o generales de la vida en sociedad que no resultan imputables -por su pr opia naturaleza- a la actuación de la Administración educativa>. La Administración educativa no puede erigirse en aseguradora universal de todos los riesgos que se materialicen en los centros durante el horario lectivo”. 

Como ha puesto de manifiesto reiteradamente este Consejo Jurídico (Dictámenes núms. 89/2014, 305/2021 y 67/2022, entre otros), para determinar si se puede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, resulta necesario analizar las circunstancias que se hayan producido en cada caso para precisar si han concurrido o no los requisitos legalmente establecidos en los artículos 32 y siguientes LRJSP, teniendo en cuenta que no todos los accidentes sufridos en el seno de una clase de Educación Física han de revestir el mismo tratamiento.

Debe partirse de la idea de que las clases que se imparten de esa asignatura no constituyen por sí mismas actividades generadoras de riesgo o, por lo menos, de riesgos que vayan más allá de los inherentes a la práctica de cualquier actividad deportiva que se realice de acuerdo con las reglas que le son propias. Por esa razón, resulta constante y reiterada la doctrina de los consejos consultivos que excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando el ejercicio se desenvuelve en los márgenes del riesgo que en sí mismo encierra la práctica deportiva.

Así pues, en el desarrollo de una actividad deportiva usual, ordinaria o generadora de un riesgo normal no deben concurrir elementos especiales de peligrosidad, de tal modo que los accidentes que puedan producirse durante su ejecución deben considerarse hechos casuales acontecidos con ocasión de la prestación del servicio público educativo, pero no directamente provocados como consecuencia de su funcionamiento, por lo que deben ser asumidos por aquellos que la practican. (En este sentido se puede citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia núm. 885/2007, de 7 de diciembre, que señala que “no existe, como se ha señalado anteriormente, una relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público educativo, ni tampoco una antijuridicidad el daño, pues la caída que sufrió la alumna no tuvo su causa en una peligrosidad especial del ejercicio practicado, ni en un defecto de l as instalaciones, sino que es un riesgo normal y asumible en una clase de educación física, en la que por el propio contenido de la asignatura existe siempre el riesgo de que se produzca alguna lesión”).   

Sin embargo, en otras ocasiones, la propia naturaleza del ejercicio a desarrollar y las propias circunstancias en las que pueda llevarse a cabo pueden generar un riesgo susceptible de producir un daño, y si así ocurriese correspondería indemnizarlo al que ha puesto en marcha el mecanismo de riesgo que excede de los patrones socialmente aceptables, según ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo (entre otras, en su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 28 de octubre de 1998, recaída en el recurso 2356/1994).

Nos referimos a aquellos supuestos en los que los daños pudiesen producirse como consecuencia de la realización de un ejercicio deportivo ordenado por el profesor, siempre que fuese irrazonable o imprudente por no ser adecuado a las características personales del alumno, especialmente de edad o de complexión física; cuando las instrucciones que se hubiesen cursado fuesen incorrectas, inadecuadas o inoportunas; o siempre que la realización del ejercicio pudiese comportar un riesgo significativo para los escolares y no se hubiese observado un especial deber de cuidado o vigilancia, o no se hubiesen adoptado las medidas de precaución que resulten habituales, ajustadas a la pauta de diligencia exigible a un buen padre de familia. De ese modo, para que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración resulta necesario tomar en consideración la posible conjunción de circunstancias tales como la peligrosidad de la actividad, la falta de supervisión por part e del profesorado y la edad de los propios alumnos.

II.-En el presente caso, según se desprende del informe de la Directora del IES, el accidente se produjo en clase de Educación Física, mientras se disputaba un partido de bádminton, de dobles, en el que “formaron pareja compañera las alumnas Z y Y”; en un momento dado, “al levantar la raqueta rápidamente, Z impactó con ella de forma completamente fortuita en la boca de Y” y “el impacto causó la caída de varios dientes de la parte frontal de la dentadura de Y”.

El informe de la Directora del IES pone de manifiesto que el accidente se produjo “durante la sesión, perteneciente a la segunda unidad didáctica del curso”, de 3º de la ESO, en la que “se desarrollaron contenidos relacionados con las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición, siendo el bádminton el deporte escogido por el departamento de Educación Física para desarrollar los mismos”. Y también pone de manifiesto que “la sesión, primera del día, transcurrió con total normalidad”. Por lo tanto, se deduce del expediente, sin que se haya practicado prueba en contrario, que la actividad realizada por los alumnos estaba programada y era adecuada para su edad (alumnos de 14-15 años), sin que pueda deducirse la existencia de circunstancias generadoras de un riesgo adicional que pudieran haber confluido de algún modo en la producción del daño (y que hubieran exigido un especial deber de cuidado por el profesor).

Asimismo, el informe de la Directora del IES pone de manifiesto que “el incidente fue presenciado por el profesor P [profesor de Educación Física que estaba impartiendo la sesión], cuyo testimonio coincide completamente con lo redactado en este documento, que lo califica de fortuito”. Y en el mismo sentido, como ya se ha dicho, señala que “al levantar la raqueta rápidamente,… impactó con ella de forma completamente fortuita”. Por lo tanto, se deduce del expediente, sin que se haya practicado prueba en contrario, que el evento dañoso se produjo de manera fortuita, y que el accidente resultó imposible de evitar para el profesor que supervisaba la actividad. Teniendo en cuenta que, como ha puesto de manifiesto reiteradamente este Consejo Jurídico, el deber de vigilancia del profesorado no puede extenderse a todos y cada uno de los movimientos de cada alumno y durante todo el tiem po de permanencia en el centro educativo (entre otros, en los Dictámenes núms. 93/2021, 126/2021 y 60/2022).

Por otra parte, el relato de los hechos que recoge el reiterado informe de la Directora del IES (“el volante cayó al suelo en el campo de las alumnas anteriormente citadas”, “Y… fue hacia el volante para cogerlo, inclinando el tronco hacia delante”, “a la misma vez, Z... fue a recoger también el volante, usando para ello la raqueta, sin percatarse de que su compañera estaba inclinándose hacia delante en ese preciso instante”, y “al levantar la raqueta rápidamente, Z... impactó con ella de forma completamente fortuita en la boca de Y...”) pone de manifiesto que la compañera de la alumna accidentada no tuvo intención de causar daño. Por lo tanto, también se deduce del expediente, sin que tampoco se haya practicado prueba en contrario, que, aunque el daño es consecuencia de la actuación de otra alumna, se trata de una actuación que, en el contexto de una actividad deportiva, provoca un daño de forma involuntaria y fortuita. Y al respec to debe tenerse en cuenta que, incluso en supuestos en que los daños se producen como consecuencia de actuaciones de otros alumnos, en un contexto de actividades lúdicas o libres, en los que el ánimo de los niños no es dañar ni agredir, y en el que los daños son una consecuencia involuntaria y fortuita, es doctrina asentada tanto por el Consejo de Estado como por este Consejo Jurídico que no existe el necesario nexo causal entre los daños y el funcionamiento de los servicios públicos docentes (entre otros, los Dictámenes núms. 169/2012, 28/2019 y 295/2021).

Se deduce del expediente, sin que se haya alegado nada en contrario, que el daño sufrido por la alumna no tiene su causa en una peligrosidad especial del ejercicio practicado, ni es consecuencia de un defecto de las instalaciones del IES, o de la omisión del deber de supervisión por parte del profesorado, sino que se trata de un riesgo normal y asumible en una clase de Educación Física, en la que por el propio contenido de la asignatura existe siempre el riesgo de que se produzca alguna lesión.   

En definitiva, ha quedado acreditado en el expediente que con ocasión de la prestación del servicio público educativo se ha producido un daño, pero no ha quedado acreditado que el daño producido guarde relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, ni que resulte imputable a la actuación de la Administración educativa. De hecho, la reclamante no efectúa una imputación expresa del daño a una determinada acción u omisión del servicio público docente, por lo que cabe deducir que su reclamación se basa tan solo en el hecho de que el accidente se produjo en un centro de titularidad pública. En consecuencia, la falta de antijuridicidad y la inexistencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento del servicio educativo impiden que pueda considerarse la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.  

En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN

ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, por no haberse acreditado la existencia de una relación de causalidad adecuada entre la prestación del servicio público educativo y el daño sufrido por el alumno, cuya antijuridicidad tampoco ha sido demostrada.

No obstante, V.E. resolverá.