Buscador de dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de Murcia
Dictamen nº 153/2014
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2014, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 16 de enero de 2014, sobre reconocimiento de obligaciones con omisión de fiscalización previa de la Orden de 19 de mayo de 2011 por la que se estimó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por x (expte. 08/14), aprobando el siguiente Dictamen.
PRIMERO.- Según consta en las actuaciones practicadas y en el informe de la Interventora-Delegada (de 3 de diciembre de 2013), emitido como consecuencia del examen de una propuesta de pago de una ayuda a la agricultura ecológica, a favor de x, se concluye que la misma no se puede fiscalizar favorablemente, dado que tal ayuda fue ampliada mediante la estimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por la interesada frente a la Orden del Consejero de Agricultura y Agua de 3 de noviembre de 2009; tal estimación vino formalizada mediante Orden del citado Consejero de 19 de mayo de 2011, la cual, al ser estimatoria, debió ser objeto de fiscalización, de acuerdo con lo que dispone el artículo 18.1,a) del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (RCI). No obstante, considera la Interventora que no es oportuna la revisión del acto, ya que el importe de la indemnización no sería inferior al gasto propuesto, que es de 34.166,4 euros.
SEGUNDO.- En cumplimiento de lo que dispone el artículo 33 RCI, el 12 de diciembre se emitió una Memoria por la Vicesecretaria de la Consejería explicando que la omisión de la fiscalización se debió a un error.
TERCERO.- Fue emitido también informe favorable por el Servicio Jurídico de la Secretaría General (12 de diciembre) y formulada propuesta por el Consejero al Consejo de Gobierno el 14 de enero de 2014, para que autorizara a la Consejería a reconocer la obligación por el ya citado importe de 34.166,4 euros.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
Tal como el escrito de formalización de la consulta expresa, el presente Dictamen se emite con carácter preceptivo y con amparo en el artículo 12.12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al versar sobre una consulta relativa a unos gastos contraídos con omisión de la fiscalización previa.
SEGUNDA.- Procedimiento.
Tal como ha señalado en diversas ocasiones este Consejo Jurídico, el asunto sometido a Dictamen es una manifestación típica de un procedimiento de naturaleza incidental con relación al ordinario de aplicación al presupuesto de las obligaciones contraídas por la Administración regional, procedimiento incidental que se origina con la comunicación que el Interventor realiza a la autoridad que hubiera iniciado el procedimiento ordinario de que se ha observado, en este último, la omisión de un trámite preceptivo, cual es la fiscalización previa del acto de reconocimiento de la obligación.
El procedimiento, previsto en el artículo 33 RCI, señala como preceptiva una memoria "que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las observaciones que estime convenientes respecto del informe de la Intervención", memoria que figura en el expediente.
TERCERA.- Sobre la propuesta al Consejo de Gobierno.
La cuestión objeto del dictamen se centra en contrastar la actuación que del Consejo de Gobierno se pretende, con lo requerido por el artículo 33 RCI, que disciplina la actuación a seguir cuando es necesario resolver incidentes originados por la omisión de fiscalización previa en la tramitación de expedientes que den lugar a gastos y pagos. Aunque ni mucho menos es ésta la primera ocasión que tiene el Consejo Jurídico de emitir su parecer sobre asuntos semejantes (los primeros dictámenes sobre la materia fueron del año 1998:10/98, 18/98, 20/98, 29/98, etc.) viene al caso recordar aquí que es competencia del Consejo de Gobierno resolver sobre la posibilidad de revisar el acto ilegalmente adoptado, o de que el órgano gestor reconozca la obligación ilegalmente contraída, opción ésta por la que se muestra favorable la Interventora y, a la vista de lo actuado, también este Consejo Jurídico, no sin antes aclarar -al igual que en el Dictamen 348/2013- que el artículo 18.1,a) del indicado RCI dispone que están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Administración Pública de la Región de Murcia y de sus Organismos Autónomos administrativos por los que se apruebe la realización de un gasto, incluidos los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico, por lo que la apreciación de la Interventora se adecua plenamente al ordenamiento en vigor.
Finalmente, se recuerda que considera la Interventora que no es oportuna la revisión del acto, ya que el importe de la indemnización no sería inferior al gasto propuesto.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente
ÚNICA.- Puede elevarse a Consejo de Gobierno la propuesta objeto de consulta.
No obstante, V.E. resolverá.
