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Dictamen nº 324/2018
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (por delegación de la Excma. Sra. Consejera), mediante oficio registrado el día 31 de mayo de 2017, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, por el accidente escolar de su hijo Y (expte. 164/17), aprobando el siguiente Dictamen.
PRIMERO.- El día 13 de Diciembre de 2016 se presenta un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, dirigido a la Consejería de Educación y Universidades, formulado por D.ª X, en el que solicita una indemnización de 217 euros por el accidente escolar sufrido por su hijo Y en el C.E.I.P. "Antonio Molina González" de Blanca (Murcia), en la que expresa lo siguiente: "Sobre las 11:00 horas, tras acabar la clase de Música, mi hijo estaba guardando el material de música en su mochila, en cuclillas ante ella, cuando recibió un golpe con el asa de la mochila, la cual lleva ruedas y un asa para su transporte y desplazamiento, y al incorporarse ve que hay un niño junto a la mochila que dice que, sin querer, ha tropezado y se ha caído sobre ella. Como consecuencia del golpe se le partieron las gafas".
A dicha reclamación se le adjunta copia de una factura de una óptica, por un importe de 217,00 €, y del Libro de Familia, acreditativo de la filiación del alumno.
SEGUNDO.- Con la misma fecha se emite informe por el Director del centro escolar, figurando la siguiente descripción de los hechos:
"El día 21 de Noviembre de 2016, la madre del alumno Y me comunica que su hijo sufrió un accidente el viernes anterior que tuvo como consecuencia la rotura de las gafas del alumno; preguntado al tutor sobre los acontecimientos me informa que el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas ve llorando al alumno Y y al preguntarle qué le pasa le contesta que se ha dado un golpe con su mochila y se le han roto las gafas; le pregunta si está bien y, al contestarle que sí, continúa con sus clases. El lunes 21 se persona la madre y le dice que fue Z, alumno compañero de Y, quien sin querer, tropieza y golpea la mochila de Y y ésta a la vez golpea a Y, rompiéndole las gafas".
TERCERO.- Con fecha 6 de Marzo de 2017 el Secretario General de la Consejería dicta Orden admitiendo a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y nombra instructora del expediente, siendo notificada la resolución a la interesada.
CUARTO.- Solicitado un informe complementario al Director del centro, mediante oficio de 30 de marzo de 2017 remitió un informe de la misma fecha del profesor a que se refirió en su primer informe, docente que, en síntesis, reitera lo reflejado en su día por el Director, y calificando el hecho como fortuito.
QUINTO.- Mediante oficio de fecha 7 de Abril de 2017 se acordó un trámite de audiencia y vista del expediente para la reclamante, sin que conste su comparecencia ni la presentación de alegaciones.
SEXTO.- El 23 de mayo de 2017 se formula propuesta de resolución, desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por no existir la necesaria y adecuada relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos educativos regionales y los daños por los que se reclama indemnización.
SÉPTIMO.- En la fecha y por el órgano señalados en el encabezamiento del presente, se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP), aplicable al presente procedimiento por razón de la fecha de su iniciación.
SEGUNDA.- Legitimación, plazo de la reclamación y procedimiento.
I. La reclamante, al sufrir los perjuicios económicos (gastos devengados por la adquisición de gafas para su hijo) imputados a la actuación administrativa, está legitimada para ejercitar la acción de reclamación.
La legitimación pasiva de la Administración regional deriva del hecho de dirigirse contra la misma la presente reclamación y ser de titularidad pública regional el servicio o actividad educativa con ocasión de la cual se produce el accidente.
II. La acción indemnizatoria ha sido ejercitada dentro del plazo de un año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), aplicable al presente procedimiento, vista la fecha de los hechos y de la presentación de la reclamación.
III. La tramitación realizada se ajusta, en lo sustancial, a lo establecido en la LPAC y su reglamentación de desarrollo.
TERCERA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos regionales y los daños por los que se reclama. Inexistencia.
I. Según el artículo 139 LPAC, cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ocasiona un daño a los particulares, éstos tienen el derecho a que aquélla les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. Ahora bien, el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares al presente, ha de destacar que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter marcadamente objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999).
En lo que respecta a la posible incardinación del hecho lesivo en el marco de la actividad administrativa, también ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente el Consejo de Estado en relación con daños producidos con ocasión de tropiezos, caídas u hechos dañosos análogos acaecidos en centros escolares, considerando que, en estos supuestos, cuando los hechos se producen fortuitamente, sin que concurran elementos adicionales generadores de riesgo, como un defecto en las instalaciones o en la realización de actividades programadas y ordenadas que, por su propia naturaleza, exijan una mayor vigilancia por parte de los profesores que la efectuada, no existe la conexión con el servicio público educativo que es necesaria para reconocer la pretendida indemnización (entre otros, Dictamen del Consejo de Estado nº 2099/2000). Doctrina también compartida por este Consejo Jurídico en numerosos Dictámenes similares al presente (entre otros, los números 8/2003 y 25/2004).
II. En definitiva, para que resulte viable la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es preciso que concurra el necesario y adecuado nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño irrogado al particular y, en el supuesto que nos ocupa, si bien es cierto que el daño existe, se habría producido con ocasión de la prestación del servicio público educativo, pero no como consecuencia de su funcionamiento y, por tanto, la falta de antijuridicidad y la inexistencia del adecuado nexo causal entre el daño y el funcionamiento del centro educativo impiden que los hechos aquí examinados desencadenen la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.
Así, como se desprende de los informes del centro sin prueba en contrario, el daño en cuestión se produjo de forma accidental, sin que conste que concurrieran circunstancias de especial peligrosidad o anormalidad de las instalaciones que permitieran imputar el daño, de forma jurídicamente adecuada, a la Administración educativa. Nos encontramos, pues, ante una situación que, por incontrolable, resulta inevitable, constituyendo este tipo de accidentes unos riesgos inherentes al desenvolvimiento de los alumnos en el centro escolar, sin que el deber de vigilancia del profesorado pueda extenderse a todos y cada uno de los movimientos de cada alumno y durante todo el tiempo de permanencia en el centro (vid., entre otras, las SSTS de 21 de noviembre de 1990, 10 de marzo de 1997 y 8 de marzo de 1999).
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente
ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución consultada en cuanto es desestimatoria de la reclamación, al no existir, entre el funcionamiento de los servicios educativos regionales y los daños por los que se reclama indemnización, la relación de causalidad que es jurídicamente adecuada y necesaria para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, por las razones expresadas en la Consideración Tercera del presente Dictamen.
No obstante, V.E. resolverá.
